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Varios son los ejes que componen la naciente política de inmigración de la UE y la desarrollada por el Gobierno español: a algunos elementos restrictivos (como la Directiva de Retorno) se deben añadir otros que trabajan para facilitar la entrada de migrantes cualificados; es el caso de la masiva contratación de médicos extranjeros que se lleva a cabo en España. Estas medidas están promoviendo la fuga de cerebros de los países en desarrollo y podrían hacer aguas los trabajos de la política de cooperación para fortalecer los sistemas públicos de salud de los países del Sur.

El jueves 16 de octubre, los jefes de Estado o de Gobierno de la UE aprobaron el Pacto Europeo sobre Inmigración. De esta manera, el Consejo Europeo daba un paso adelante hacia la construcción de una política europea en la materia. Ya el pasado junio, el Parlamento europeo había aprobado la directiva de retorno de inmigrantes. Según buena parte de la opinión publicada, esta norma significa una clara regresión en los enaltecidos principios democráticos de la Unión. La directiva, que en palabras de Lluís Bassets, director adjunto de El País, se asoma a la orilla del no derecho, la anti-Europa, contempla la posibilidad de que los gobiernos europeos no sólo expulsen a los migrantes considerados ilegales sino que les concede el atributo de detener y retener a estas personas por un periodo de hasta 18 meses en centros de internamiento.

Si esta normativa representa una restricción de los derechos civiles, otras iniciativas caminan en la dirección de conceder ventajas para aquellas personas con un nivel de renta o estudios elevado que deseen desarrollar su vida en Europa. Nos referimos al proyecto de crear una tarjeta azul, al más puro estilo del sistema green card que existe en Estados Unidos. Es decir, establecer un sistema de selección de inmigrantes por el que se premien aquellas personas cuya llegada a Europa puede suponer una inyección de mano de obra cualificada.

Es ingenuo pensar que la Unión Europea no quiere inmigrantes. Al contrario, las instituciones comunitarias y los Estados miembro desean nutrir su marchito mercado laboral de nuevo personal altamente cualificado que mejore la competitividad europea frente las potencias emergentes. La cuestión no es prohibir de forma generalizada la entrada de nuevos ciudadanos, sino seleccionar a conciencia qué personas tienen el estatus para ser llamadas europeas. La política de inmigración que está construyendo Europa dice no a las personas que llegan en patera o cayuco, pero abre los brazos a aquellas que llegan con un título bajo el brazo.

España no escapa a esta dinámica. Mientras, por una parte, se controlan y detienen inmigrantes que intentan cruzar el estrecho, por otra se establecen convenios con países de América Latina para fomentar la llegada a España de personal médico cualificado.

En los últimos meses, los medios de comunicación nos han brindado una intensa campaña en la que se muestra la insuficiencia de personal en los centros de atención primaria y la consecuente necesidad de contratar médicos de terceros países.  Datos aparecidos en La Vanguardia (03/06/2008) muestran que la afluencia de médicos extranjeros llegados a España supera ya a la de médicos formados en las universidades españolas: en el año 2006 accedieron un total de 4.273 médicos extranjeros (3.258 extracomunitarios) frente a los 4.100 licenciados en medicina en toda España. Según El Periódico (14/07/2008), un 47% de los médicos colegiados en el Colegio Oficial de Médicos de Barcelona en 2007 eran extranjeros, un 75% de los cuales provenían de Suramérica.

Las autoridades competentes, centrales y autonómicas, han respondido con la concesión de ventajas y facilidades para la llegada masiva de médicos extranjeros. El pasado 2 de junio, el Ministro de Sanidad y Consumo expresó en el Congreso de los Diputados: "Vamos a desarrollar la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias que prevé el reconocimiento en España de títulos especialistas obtenidos en Estados no miembros de la Unión Europea a efectos no académicos, pero sí profesionales" (El País, 03/06/2008).

Estas medidas, que contrastan con las detenciones y deportaciones de migrantes orquestadas por el mismo Gobierno español, representan un claro ejemplo del patrocinio de la fuga de cerebros de los países del Sur.

Es un hecho contrastable la falta de personal médico en los países en desarrollo, donde las condiciones de vida son por regla general precarias y los problemas de salud representan un denominador común, por la incidencia, por ejemplo, de enfermedades como el VIH/SIDA, la malaria y la tuberculosis o por el mal estado de los sistemas públicos de salud y la atención primaria.

La OMS estima que 57 países en el mundo, 36 de África Subsahariana, se encuentran en situación de crisis sanitaria grave por disponer de menos de 2,3 médicos por cada 100.000 habitantes. La misma organización asegura que uno de cada cuatro médicos africanos y una de cada 20 enfermeras trabajan en países de la OCDE, siendo Europa la región que concentra más número de inmigrantes sanitarios. Además, el coste que simboliza este fenómeno para las economías de los países en desarrollo es destacable; según Francis Omaswa, director de la Alianza Mundial del Personal Sanitario (GHWA, en inglés), cada doctor que emigra de África representa una pérdida para su país de 370.000 euros, y una enfermera, 150.000 (El País, 03/03/2008).

El primer Foro Mundial sobre los Recursos Humanos para la Salud (Kampala, marzo de 2008) patrocinado por la GHWA y la OMS dio lugar a la Declaración de Kampala y la Agenda para la Acción Mundial. La declaración puede ser utilizada por los países y otros actores como hoja de ruta para guiar el trabajo entorno a los recursos humanos para la salud. También trata las migraciones de personal médico, emplazando a los estados industrializados a financiar adecuadamente la formación y contratación de médicos de su propio territorio y apostando por la creación de mecanismos que incentiven a los médicos de los países en desarrollo a no migrar hacia las regiones ricas del planeta.

En la misma línea, la Declaración de París (2005) proclama la necesidad de fortalecer y capacitar institucionalmente a los países en desarrollo como vía para mejorar la eficacia de la ayuda para el desarrollo: fortalecer institucionalmente los sistemas públicos de salud parece una buena estrategia para invertir la tendencia de éxodo de personal sanitario de los países en desarrollo hacia los países industrializados.

Por su parte, la política de cooperación para el desarrollo española parece bien orientada en esta dirección y se observa que la Declaración de París se ha convertido en un elemento de referencia destacable. En el campo de la salud, se aprecia que la preocupación y la ayuda desembolsada al fortalecimiento de los sistemas públicos de los países en desarrollo se han convertido en una piedra angular de la política de cooperación.

Pero resulta que la Declaración de París también trata la coherencia de políticas como eje central en la mejora de eficacia de la ayuda para el desarrollo. Y es por lo menos en este punto que parece flaquear el Gobierno español. Mientras, por una parte, se están destinando millones de euros para fortalecer los sistemas públicos de salud de los países del Sur siendo ésta una línea elemental de la estrategia en salud de la política de cooperación, por otra, se está promoviendo la fuga de personal médico de éstos mismos países. Fortalecer los sistemas sanitarios es también trabajar para que el personal médico que los compone mejore su condición laboral y no se vea seducido por políticas de atracción que intentan suplir la escasez de médicos en España.

Se observa que los trabajos del Gobierno español para acabar con la pobreza y mejorar la salud mundial se ven entorpecidos por otras acciones que promueven la fuga de cerebros, como las políticas de inmigración. Si la mano derecha de un Gobierno no conoce, o no quiere conocer, lo que hace su mano izquierda se pueden producir desajustes como los explicados. Y si bien resulta primordial dotar a los países del Sur de capacidades institucionales para mejorar su desarrollo, el no actuar de forma coherente en todos los campos puede suponer, como mínimo, retrasar los avances en materia de cooperación para el desarrollo.

Fuentes:
El País: El mundo sufre un déficit de cuatro millones de médicos y enfermeras (03/03/2008): http://www.elpais.com/articulo/sociedad/mundo/sufre/deficit/millones/medicos/enfermeras/elpepusoc/20080303elpepisoc_5/Tes

Lluís Bassets, La directiva de la Vergüenza. Blog Del Alfiler al Elefante (19/05/2008): http://blogs.elpais.com/lluis_bassets/2008/05/vergenza.html

La Vanguardia, Lluís Foix: La fuga de médicos (03/06/2008): http://www.lavanguardia.es/lv24h/20080603/53471534302.html

El País: Cataluña pide a la desesperada médicos extranjeros sin homologar (03/06/2008): http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Cataluna/pide/desesperada/medicos/extranjeros/homologar/elpepisoc/20080603elpepisoc_3/Tes

El Periódico: Los médicos extranjeros facilitan el relevo generacional en los hospitales (14/07/2008): http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAS&idnoticia_PK=526803&idseccio_PK=1021