Boletín |

El año nuevo nos ha traído una mala noticia: el recorte del 10% de las partidas del Plan Nacional del SIDA para el 2009, en su mayoría destinadas a la atención de 150.000 personas –las que las ONG atienden de forma directa. Es decir, que de los 4.808.100 euros del 2008, pasamos a 4.327.290. Si se tiene en cuenta, además, la pérdida de poder adquisitivo de las cantidades disponibles debido a la crisis económica y que en 2008 las partidas no experimentaron crecimiento alguno respecto al 2007, la disminución de los presupuestos está entorno al 20% en apenas 3 años.

Los motivos de esta reducción no están claras, ya que el VIH sigue estando presente en la sociedad española: ha habido un repunte en los diagnósticos, se ha visto reducido el uso del preservativo debido a la pérdida del miedo ante esta infección y siguen existiendo necesidades de las personas con VIH que no están cubiertas –sanitarias, pero también de protección de derechos fundamentales frente al estigma y la discriminación. Así que, en un contexto donde se deberían reforzar las actuaciones para reducir el impacto social y sanitario del VIH/SIDA, el Gobierno parece no ver las cifras ni las demandas y procede a un drástico recorte de fondos.

El mayor argumento es la austeridad en un contexto de crisis económica global. Sin embargo, es curioso ver cómo en época de crisis se destinan miles de millones para reactivar los mercados a través de ayudas a entidades financieras y, en el mismo movimiento, se recortan los fondos de algunos servicios sociales. Este recorte pone en riesgo la salud y calidad de miles de personas, lo que no demuestra demasiada previsión a largo plazo. Mientras, el ministro de Sanidad, Bernat Soria, afirma que el dinero destinado a la lucha contra el VIH/SIDA ha aumentado. Si bien es cierto que algunas partidas de Cooperación al Desarrollo han visto aumentados sus recursos, no podemos dejar de preguntarnos si es necesario quitar dinero de unas personas que lo necesitan para dárselo a otras. ¿No sería más lógico y eficaz reforzar todas las políticas de lucha contra el SIDA de forma simultánea y equiparable para lograr una respuesta integral a la pandemia? ¿ No sería mejor destinar algunos de los millones destinados a la banca para reforzar las políticas sociales estatales (el Ministerio de Sanidad no es el único que ha visto mermado su capital)?

Si el argumento es el de la austeridad en tiempos de crisis, este recorte es de lo más contraproducente. Con esta disminución lo único que se conseguirá es que en unos años –no demasiados- hablemos de un repunte aún más agudo de los casos de transmisión del VIH y de una calidad de vida más deteriorada de las personas con VIH lo que repercutirá negativamente sobre el gasto público futuro?

Al mismo tiempo que la noticia del recorte sacudía a la sociedad civil organizada y a las personas que se benefician de sus servicios, se hacía público el acuerdo entre el Gobierno y las principales industrias productoras de preservativos para reducir su coste y, así, fomentar su uso entre los jóvenes. En este caso el motivo era claro: el aumento de prácticas de riesgo ha llevado a un mayor número de embarazos en adolescentes y de transmisión de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). Es una buena noticia, no cabe duda. Sin embargo, recordemos que las estrategias para abordar el VIH no pasan exclusivamente por el uso del preservativo masculino, ya que sin un counselling adecuado y sin un apoyo continuo a todas las personas que lo necesitan el condón es sólo un trozo de látex que, cómo han comprobado en años de trabajo las entidades, se olvida en el cajón.

La buena noticia es que este recorte no sólo preocupa a las ONG y plataformas CESIDA y Red2002, ya que incluso en el Congreso de los Diputados se levantan voces que cuestionan este proceder. Carles Campuzano, diputado por CIU, presentó dos preguntas parlamentarias sobre el recorte presupuestario inquiriendo sobre los motivos que han llevado a esta situación y cómo encaja esta decisión en las políticas sociales que defiende el Gobierno Socialista.

Vistas las cosas, quizá sería bueno que el Ministerio de Sanidad y el Gobierno se replantearan esta situación.